Hasta ahora hemos recorrido una historia relativamente reconocible. Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, Emma Goldman y buena parte de los movimientos que se reclamaron anarquistas durante los siglos XIX y XX pertenecieron, con todas sus diferencias, a una misma gran familia. Rechazaban el Estado y desconfiaban de cualquier autoridad que pretendiera situarse por encima de la sociedad, pero vinculaban esa crítica a otra igualmente importante: la de la propiedad capitalista, el trabajo asalariado y la desigual distribución de los recursos.
Para ellos no bastaba con liberar al individuo del Estado. Había que impedir también que unos seres humanos adquiriesen, mediante la propiedad y el control de los medios de producción, un poder permanente sobre otros.
Pero existe otra tradición que llega a una conclusión aparentemente semejante recorriendo un camino casi inverso.
Sus representantes también quieren eliminar el Estado. También consideran que ninguna organización debería poseer el monopolio territorial de la coerción. También creen que los seres humanos pueden organizar gran parte de sus relaciones mediante acuerdos voluntarios.
Pero, en lugar de considerar la propiedad privada una posible fuente de dominación, hacen de ella uno de los fundamentos de la libertad. En vez de desconfiar del mercado, pretenden extenderlo precisamente a muchas de las funciones que actualmente realiza el Estado. Y allí donde los anarquistas socialistas hablan de comunas, cooperativas y federaciones, ellos hablan de propietarios, contratos, empresas, aseguradoras, agencias de protección y tribunales privados.
Nos encontramos ante lo que desde mediados del siglo XX comenzó a denominarse anarcocapitalismo.
La expresión puede resultar desconcertante. Durante más de un siglo, anarquismo y capitalismo habían aparecido generalmente como adversarios. Para Bakunin, Kropotkin o Malatesta, imaginar un capitalismo sin Estado no habría significado eliminar la dominación, sino conservar una de sus principales fuentes.
Los anarcocapitalistas sostendrán exactamente lo contrario.
Por eso conviene proceder con alguna cautela. No vamos a decidir de antemano si el anarcocapitalismo es un anarquismo verdadero, una radicalización del liberalismo o una combinación posterior de ambas tradiciones. Antes necesitamos comprender qué problema pretende resolver y mediante qué mecanismos.
Sólo después podremos someterlo a la misma pregunta que hemos dirigido al resto de los anarquismos:
¿Es posible construir una sociedad estable sin una autoridad situada por encima de quienes la componen?
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Antes de Rothbard: la genealogía de una idea improbable
El anarcocapitalismo no apareció completamente formado. Tampoco sería correcto buscar en el siglo XIX anarcocapitalistas que todavía no podían llamarse así.
Lo que encontramos son diferentes tradiciones intelectuales que, mucho después, pudieron combinarse.
Gustave de Molinari llevó muy lejos la crítica liberal al monopolio estatal. Si la competencia era preferible al monopolio para producir otros bienes y servicios, ¿por qué debía hacerse una excepción precisamente con la seguridad? La protección de personas y propiedades podía concebirse también como un servicio sometido a competencia.
Lysander Spooner desarrolló desde Estados Unidos otra crítica radical de la autoridad política. Atacó la idea de que una Constitución pudiera obligar automáticamente a individuos que nunca habían consentido personalmente quedar sometidos a ella. Aparecía así una pregunta que seguirá siendo fundamental para los anarcocapitalistas: ¿por qué puede el Estado atribuirse sobre una persona unos derechos que ninguna otra persona posee?
Herbert Spencer llevó igualmente muy lejos la defensa de la libertad individual frente a la expansión del poder político, aunque su pensamiento no pueda reducirse al anarcocapitalismo posterior.
A esas corrientes se añadiría en el siglo XX la escuela austríaca de economía, y particularmente Ludwig von Mises. De ella procedería una concepción del mercado como mecanismo descentralizado de coordinación y una profunda desconfianza hacia la capacidad de una autoridad central para sustituir los procesos sociales producidos por millones de decisiones individuales.
Faltaba todavía alguien capaz de reunir materiales tan distintos.
Ese papel correspondió principalmente a Murray N. Rothbard.
Rothbard combinó una defensa radical de los derechos individuales y de propiedad con la teoría económica austríaca y llevó ambas hasta una conclusión que otros liberales no estaban dispuestos a aceptar: si el monopolio es indeseable, y si ninguna persona puede adquirir legítimamente derechos que los demás no poseen, tampoco existe una razón suficiente para conservar el monopolio estatal de la justicia, la policía o la defensa.
Había nacido un sistema coherente de sociedad capitalista sin Estado.
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El problema fundamental: coerción o consentimiento
Para comprender a Rothbard debemos abandonar momentáneamente las categorías del anarquismo socialista.
Su distinción fundamental no es igualdad frente a desigualdad ni propiedad colectiva frente a propiedad privada. Es otra:
coerción frente a relación voluntaria.
Cada individuo es propietario de sí mismo. Puede adquirir bienes, intercambiarlos, regalarlos, heredarlos y celebrar contratos con otros individuos. Mientras esos procesos sean legítimos y voluntarios, las desigualdades resultantes no constituyen por sí mismas una injusticia.
Una persona puede poseer muchísimo más que otra. Una empresa puede alcanzar dimensiones enormes. Un empresario puede contratar a miles de trabajadores. Nada de eso demuestra todavía, desde esta perspectiva, la existencia de una agresión.
La frontera aparece cuando alguien inicia el uso de la fuerza o amenaza con utilizarla contra la persona o los bienes legítimamente poseídos por otro.
Aquí se encuentra el principio de no agresión que articula buena parte del sistema.
Y aquí aparece también el Estado como problema.
El Estado cobra impuestos sin solicitar individualmente el consentimiento de quienes deben pagarlos. Establece normas obligatorias para quienes habitan dentro de su territorio. Prohíbe competidores en determinadas actividades y se reserva, en último término, el uso legítimo de la coerción.
Lo que sería delito si lo hiciera un particular parece convertirse en legítimo cuando lo hace una institución pública.
El anarcocapitalista pregunta: ¿por qué?
Éste es uno de los puntos en que conviene tomar en serio su argumento, independientemente de que aceptemos después sus conclusiones. No sostiene simplemente que el Estado sea ineficiente o excesivamente grande. Cuestiona algo anterior: que exista una categoría especial de organización cuyos miembros posean facultades morales que no poseerían actuando como simples particulares.
Michael Huemer ha desarrollado posteriormente una crítica semejante desde una perspectiva filosófica distinta. Su pregunta gira alrededor de la denominada autoridad política: ¿por qué una orden adquiere una cualidad moral diferente simplemente porque procede de alguien que actúa en nombre del Estado?
Pero Huemer introduce una distinción especialmente útil. Negar que el Estado posea una autoridad moral especial no demuestra automáticamente que podamos prescindir de él. Una cosa es preguntar si su autoridad está moralmente justificada y otra demostrar que las instituciones que podrían sustituirlo funcionarían mejor o, al menos, suficientemente bien.
Nos encontramos así ante dos problemas diferentes:
legitimidad y viabilidad.
Y nosotros necesitamos estudiar ambos.
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Abolir el Estado no significa abolir sus funciones
Ésta es probablemente la aclaración más importante para comprender el anarcocapitalismo.
Rothbard no imagina una sociedad sin normas, sin seguridad, sin resolución de conflictos, sin protección de la propiedad ni sin mecanismos para hacer cumplir determinadas decisiones.
Su argumento es otro.
Que necesitemos esas funciones no demuestra que necesitemos una única organización territorial, financiada obligatoriamente y dotada de un monopolio para realizarlas.
Desaparecería el Estado, pero permanecerían muchas de las necesidades que actualmente satisface, bien o mal.
Seguirían existiendo robos, agresiones y fraudes. Dos personas podrían interpretar de manera diferente un contrato. Alguien tendría que decidir quién tiene razón. Habría que proteger personas y propiedades. Continuarían siendo necesarias carreteras, educación, infraestructuras, seguros y multitud de servicios colectivos.
La respuesta anarcocapitalista consiste en extender a esos ámbitos mecanismos que ya utilizamos para otras actividades:
propiedad, contrato, precios, competencia y reputación.
La seguridad podría ser proporcionada por agencias privadas. Los individuos contratarían protección del mismo modo que actualmente contratan otros servicios o seguros. Los conflictos podrían resolverse mediante árbitros y tribunales privados.
Y aquí surge inmediatamente una dificultad evidente.
¿Qué ocurriría si dos personas enfrentadas perteneciesen a agencias de protección diferentes?
David Friedman ha ofrecido una de las respuestas más interesantes. Las agencias tendrían pocos incentivos para resolver sistemáticamente sus diferencias mediante la violencia. Una guerra entre empresas de seguridad sería extremadamente costosa: armamento, muertos, heridos, indemnizaciones, pérdida de clientes y aumento de los costes de los seguros.
Resultaría más económico establecer previamente procedimientos de arbitraje.
La agencia A y la agencia B podrían acordar que, cuando sus clientes entrasen en conflicto, acudirían al tribunal C. Otras agencias podrían utilizar otros tribunales. Gradualmente aparecería una red de acuerdos, normas y procedimientos.
Por tanto, sociedad sin Estado no significa necesariamente sociedad sin derecho.
Significa, para estos autores, derecho sin monopolio estatal.
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La competencia como mecanismo constitucional
Llegados aquí podemos comprender mejor la originalidad del modelo.
La competencia cumple en el anarcocapitalismo una función mucho mayor que en una economía capitalista ordinaria.
No sirve solamente para decidir quién fabrica mejores zapatos, automóviles o teléfonos. Debe impedir también que las organizaciones encargadas de la seguridad, la justicia y otras funciones adquieran un poder monopolístico.
La competencia se convierte así en una especie de mecanismo constitucional.
Una agencia que preste mal sus servicios perderá clientes. Un tribunal conocido por favorecer sistemáticamente a una determinada compañía perderá reputación. Una aseguradora demasiado cara podrá ser sustituida por otra. Si ninguna institución posee el monopolio territorial de la coerción, ninguna debería poder convertirse en soberana.
El poder sería limitado horizontalmente por otros poderes.
No existiría una institución situada por encima de todos ellos porque introducirla significaría comenzar a reconstruir precisamente aquello que se pretendía eliminar.
El sistema posee, por tanto, una lógica reconocible:
Estado eliminado → funciones necesarias → proveedores privados → competencia entre proveedores → limitación recíproca del poder.
Podemos discutir si funcionaría. Pero ya no podemos reducir el anarcocapitalismo a la caricatura de «eliminemos el Estado y que cada cual se arregle como pueda».
Existe una arquitectura institucional.
Otra cuestión es qué supuestos necesita para mantenerse.
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Dos anarquismos sorprendentemente parecidos
Al llegar a este punto aparece algo inesperado.
Si preguntamos a un anarcosocialista y a un anarcocapitalista qué ocurriría después de eliminar el Estado, sus primeras respuestas pueden parecer extraordinariamente semejantes.
Ninguno pretende sustituirlo por otra autoridad soberana.
Ambos sostienen que las funciones sociales necesarias pueden organizarse mediante acuerdos entre individuos y organizaciones voluntarias.
El anarcosocialista hablará de comunas, cooperativas, sindicatos y federaciones.
El anarcocapitalista hablará de individuos, empresas, aseguradoras, agencias y árbitros.
El primero insistirá en cooperación, autogestión y federación.
El segundo en contrato, mercado y competencia.
Pero podríamos construir una frase que, con algunas precisiones, podría resultar aceptable para ambos:
Las funciones sociales necesarias deberían ser realizadas mediante asociaciones voluntarias y acuerdos entre individuos, sin que ninguna organización posea el monopolio territorial de la coerción.
La semejanza resulta desconcertante porque hemos acostumbrado a situar ambas tradiciones en extremos políticos opuestos.
Y, sin embargo, la diferencia decisiva no aparece todavía.
Para encontrarla tenemos que preguntar qué significa exactamente voluntario.
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¿Cuándo una relación es realmente voluntaria?
Imaginemos una persona que carece de propiedad y necesita trabajar para vivir. Un empresario le ofrece empleo durante doce horas diarias por un salario muy reducido. El trabajador acepta porque las alternativas que tiene a su disposición son peores.
¿Existe una relación voluntaria?
El anarcocapitalista puede responder que sí. Nadie ha obligado físicamente al trabajador a aceptar el contrato. Empresario y trabajador poseen derechos sobre sí mismos y han acordado intercambiar trabajo por salario.
El anarquista socialista observa otra cosa.
Puede admitir que no existe una coacción física directa y, sin embargo, señalar que las posibilidades reales de negociación dependen de cómo se encuentran distribuidos los recursos. Quien controla aquello que otros necesitan puede adquirir poder sobre ellos sin necesidad de apuntarlos con un arma.
Aquí reaparece una distinción que nos ha acompañado desde el comienzo de esta investigación:
coerción, poder y autoridad no son sinónimos.
Para buena parte del anarquismo socialista, la propiedad capitalista y la concentración económica pueden generar dominación aunque las relaciones sean formalmente contractuales.
Para Rothbard, en cambio, una desigualdad enorme no constituye por sí misma una agresión si los bienes han sido legítimamente adquiridos y las relaciones posteriores son voluntarias.
Hemos encontrado la grieta.
Los dos anarquismos pueden coincidir ampliamente al denunciar el monopolio estatal de la autoridad. Se separan cuando deben determinar qué formas de poder son compatibles con una sociedad libre.
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El problema de los recursos
Toda organización necesita recursos.
Una comuna necesita tierras, edificios y almacenes. Una federación necesita medios de comunicación y transporte. Una milicia necesita armas. Una fábrica autogestionada necesita maquinaria.
También una sociedad anarcocapitalista necesita recursos. Una compañía de protección necesita personal, edificios, armas, información y dinero. Una aseguradora puede disponer de enormes capitales. Un tribunal privado necesita medios para investigar y hacer cumplir determinadas resoluciones.
La diferencia aparece en la apropiación y acumulación de esos recursos.
El anarquismo socialista intenta impedir que puedan convertirse en propiedad privada capaz de proporcionar a determinadas personas un poder permanente sobre las demás. De ahí la propiedad común, la mutualización, la autogestión, los delegados revocables y otros mecanismos destinados a impedir la formación de una nueva clase dominante.
El anarcocapitalismo admite, en principio, la acumulación.
Si una compañía presta mejores servicios, consigue más clientes y aumenta enormemente su patrimonio, su tamaño no constituye por sí mismo una objeción. Lo importante es que haya adquirido sus bienes legítimamente y no viole los derechos de los demás.
Podemos resumir la diferencia de una manera particularmente sencilla:
el anarquismo socialista intenta impedir que alguien acumule los recursos que permiten dominar; el anarcocapitalismo permite su acumulación, pero pretende impedir que sean utilizados coercitivamente.
Son dos estrategias distintas para enfrentarse al mismo problema: impedir que el poder se convierta en dominación.
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La prueba de resistencia
Llegados aquí podemos someter el modelo a una prueba más exigente.
No disponemos de una sociedad anarcocapitalista de gran escala y larga duración que podamos estudiar como estudiamos otros experimentos históricos relacionados con el anarquismo. No podemos afirmar empíricamente que el sistema haya funcionado o fracasado.
Pero podemos preguntarnos qué ocurriría cuando sus instituciones estuviesen sometidas a tensión.
Conviene hacerlo respetando una regla: antes de criticar una propuesta debemos buscar la mejor respuesta que sus propios defensores han ofrecido al problema.
La primera dificultad es la exclusión.
¿Qué ocurre con quien no puede pagar protección?
Los anarcocapitalistas pueden responder que los servicios competitivos serían más baratos, que la desaparición de los impuestos dejaría mayores recursos en manos de los individuos y que podrían existir seguros económicos, asociaciones de ayuda mutua y beneficencia voluntaria.
Es una respuesta posible.
Pero no equivale a una garantía universal. Reconocer a todos un derecho positivo a recibir determinados servicios obligaría a alguien a proporcionarlos o financiarlos, algo difícilmente compatible con los principios más estrictos del sistema.
El anarcosocialismo responde de otra manera: determinados bienes considerados indispensables deberían organizarse colectivamente y quedar disponibles para todos.
Pero tampoco desaparece con ello el problema. Si todos deben recibir algo, alguien tendrá que decidir qué debe producirse, en qué cantidad, con qué recursos y mediante qué procedimientos.
La dificultad ha cambiado de lugar.
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La segunda prueba es el conflicto.
Supongamos nuevamente que dos agencias de protección discrepan. Ya conocemos la respuesta: resulta más racional recurrir al arbitraje que combatir.
Pero ¿qué ocurre si una agencia pierde el arbitraje y se niega a aceptar la sentencia?
Alguien tendrá que disponer de capacidad suficiente para hacer cumplir la decisión.
Reaparece entonces la coerción.
El anarcocapitalista puede responder correctamente que todavía no existe necesariamente un Estado. Varias organizaciones pueden conservar capacidad coercitiva y ninguna poseer su monopolio territorial.
La cuestión, por tanto, no es si existe fuerza organizada. Evidentemente tiene que existir.
La cuestión es cómo impedir que alguna de las organizaciones que dispone de ella alcance una posición dominante.
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Y llegamos a la tercera prueba: la concentración.
Una agencia puede adquirir más clientes. Puede disponer de mejores armas y más información. Puede comprar competidores o establecer acuerdos privilegiados con aseguradoras, propietarios de infraestructuras y tribunales. Puede alcanzar una dimensión muy superior a la de sus rivales.
¿Qué ocurre entonces?
La respuesta anarcocapitalista vuelve a ser la competencia. Si todavía existe posibilidad efectiva de salida, aparición de competidores y resistencia de otras organizaciones, el tamaño de una empresa no la convierte automáticamente en Estado.
Pero ahora comprendemos hasta qué punto depende el sistema de que esas condiciones continúen existiendo.
No basta con que hubiera competencia al comienzo.
Tiene que seguir habiéndola.
Porque si una organización controla una parte decisiva de los recursos necesarios para ejercer la seguridad, hacer cumplir contratos o acceder a determinadas infraestructuras, la distinción entre poder económico y poder político comienza a resultar mucho más difícil de mantener.
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El mismo experimento, al otro lado
Sería injusto detener aquí la prueba.
Debemos aplicar exactamente el mismo procedimiento al anarquismo socialista.
Eliminemos la propiedad capitalista de los medios de producción. Eliminemos el Estado y su burocracia permanente. Organicemos comunas, cooperativas, sindicatos y federaciones. Los delegados reciben mandatos concretos, son revocables y no forman una clase política profesional.
Pero dejemos funcionar el sistema.
Hay que coordinar ferrocarriles. Distribuir agua. Organizar la defensa. Resolver conflictos entre comunidades. Decidir sobre recursos escasos. Afrontar conductas que lesionan a otros.
Una federación adopta entonces una decisión que afecta a numerosas comunidades.
¿Qué ocurre con quien no la acepta?
El anarcosocialista responderá que no estamos ante una autoridad separada de la sociedad si las decisiones proceden desde abajo, mediante asociaciones libres, delegación revocable y procedimientos federativos.
Es una respuesta razonable.
Pero también contiene una condición:
mientras la asociación continúe siendo realmente libre.
Nos encontramos, por tanto, ante dos apuestas institucionales.
El anarcocapitalista confía principalmente en:
propiedad + contrato + competencia + derecho de salida.
El anarcosocialista confía principalmente en:
propiedad común + autogestión + federación + revocabilidad.
Pero ambos deben resolver el mismo problema:
¿cómo coordinar una sociedad compleja sin que las organizaciones encargadas de hacerlo adquieran una capacidad permanente para imponerse a quienes inicialmente las crearon?
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¿Una sociedad sin autoridad?
Nuestro recorrido por el anarcocapitalismo ha producido así un resultado que no esperábamos.
Comenzamos estudiando una doctrina aparentemente situada en el extremo opuesto del anarquismo histórico. Descubrimos primero que sus defensores poseen respuestas reconocibles para problemas que podrían parecer ignorados: seguridad, justicia, resolución de conflictos, producción de normas y coordinación.
Después encontramos una semejanza sorprendente entre las dos grandes familias que estamos comparando.
Ambas quieren eliminar la soberanía estatal.
Ambas conservan muchas de las funciones que actualmente realiza el Estado.
Ambas las transfieren a organizaciones que consideran voluntarias.
Y ambas necesitan algún mecanismo destinado a impedir que esas organizaciones se conviertan en nuevas fuentes permanentes de dominación.
Se separan en los mecanismos elegidos y, sobre todo, en su concepción del poder.
El anarcosocialismo sospecha de la concentración de recursos porque considera que puede convertirse por sí misma en una relación de dominación.
El anarcocapitalismo sospecha primordialmente de la coerción y considera compatible con la libertad una gran concentración de recursos mientras hayan sido legítimamente adquiridos y no sean utilizados para agredir derechos ajenos.
Pero cuando sometemos ambos modelos a tensión reaparece una dificultad común.
Una sociedad sin autoridad necesita instituciones capaces de coordinar conductas, resolver conflictos y proteger sus reglas. Y cuanto más eficaces sean esas instituciones, mayores pueden ser los recursos y capacidades que acumulen.
Nuestro problema inicial se transforma entonces.
Quizá una sociedad pueda eliminar el Estado.
Lo que resulta mucho más difícil es eliminar el poder.
Siempre habrá información distribuida desigualmente, prestigio, capacidad organizativa, conocimientos especializados, recursos materiales, fuerza, influencia y relaciones de dependencia.
Por eso el subtítulo de nuestra investigación —La construcción de un mundo sin autoridad— adquiere ahora un significado algo diferente.
Ya no describe anticipadamente el mundo que los anarquistas conseguirían construir.
Formula la hipótesis que estamos sometiendo a prueba.
La pregunta puede expresarse ahora de manera más precisa:
¿puede organizarse una sociedad compleja en la que exista poder sin que éste cristalice progresivamente en relaciones estables de autoridad y dominación?
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Una pregunta inesperada
Y aquí debemos detenernos.
Sería tentador concluir que nuestra prueba demuestra la imposibilidad del anarquismo. No lo hace.
Tampoco demuestra que toda sociedad necesite necesariamente un Estado. Durante gran parte de la historia humana han existido formas de organización social sin Estados en el sentido que actualmente damos al término.
Pero nuestro experimento ha revelado algo que merece ser investigado.
Cada vez que eliminamos el Estado, sus funciones no desaparecen con él.
Continúan siendo necesarios mecanismos para resolver conflictos, proteger personas y bienes, coordinar actividades, administrar recursos comunes, establecer determinadas reglas y afrontar a quienes se niegan a respetarlas.
Los anarquistas ofrecen diferentes soluciones.
Agencias, árbitros y contratos.
Comunas, consejos y federaciones.
Pero entonces aparece una segunda dificultad. Las organizaciones encargadas de esas funciones necesitan procedimientos, especialistas, información y recursos. Y, en determinados casos, necesitan también capacidad para conseguir que las decisiones adoptadas sean cumplidas.
Podemos representar provisionalmente el proceso:
necesidad social → coordinación → institución → especialización → recursos → poder → posible autoridad.
No sabemos todavía si esa secuencia conduce necesariamente al Estado.
Precisamente por eso no debemos responder antes de investigar.
Pero hemos llegado a una inversión extraordinariamente fértil de nuestra pregunta inicial.
Durante todo este libro hemos preguntado:
¿cómo podría desaparecer el Estado?
Los propios anarquistas, al intentar responderla, nos obligan ahora a formular otra:
¿por qué apareció el Estado?
Quizá el Estado no sea simplemente una imposición histórica que algunas sociedades tuvieron la desgracia de padecer. Quizá determinadas formas de autoridad reaparezcan porque resuelven problemas de coordinación que se vuelven especialmente difíciles cuando aumenta el tamaño de las sociedades, la división del trabajo, la interacción entre desconocidos y la complejidad de los conflictos.
O quizá existan soluciones capaces de resolver esos problemas sin producir una autoridad separada y permanente.
No podemos decidirlo todavía.
Pero disponemos ahora de una herramienta inesperada para averiguarlo.
El anarquismo, precisamente porque lleva casi dos siglos intentando imaginar una sociedad sin Estado, puede convertirse en una magnífica contraprueba para comprender por qué los seres humanos terminaron construyéndolo.
Ésa será nuestra próxima pregunta.
Carolus Brigantinus Barbatus
Septiembre 2026
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