La toma del poder por los bolcheviques en octubre de 1917 no puso fin a la Revolución rusa. En cierto sentido inauguró su etapa más violenta y quizá también la más decisiva. Hasta entonces la cuestión fundamental había sido quién sustituiría al régimen zarista y qué instituciones surgirían de su derrumbe. Desde finales de 1917 apareció otra pregunta mucho más difícil: quién tendría capacidad para imponer un nuevo orden sobre un territorio inmenso cuya antigua estructura estatal se estaba desintegrando.
Entre 1918 y 1921 Rusia atravesó simultáneamente una guerra civil, una crisis económica de extraordinaria gravedad, levantamientos campesinos, movimientos nacionales, intervenciones militares extranjeras y conflictos entre las distintas corrientes que habían participado en la revolución. Al terminar ese proceso, los bolcheviques habían vencido a sus principales adversarios y conservaban el Estado. Pero el Estado que surgió de aquella victoria era profundamente distinto del orden plural de soviets, partidos, organizaciones obreras, comités de fábrica, grupos armados y movimientos revolucionarios que había caracterizado los meses posteriores a febrero de 1917.
Para nuestra investigación este período tiene una importancia especial. Es aquí donde podremos observar, no ya en el terreno de las doctrinas sino bajo condiciones históricas extremas, el problema que había separado a Marx y Bakunin medio siglo antes: qué ocurre con el poder durante una revolución y qué clase de organización consigue apropiarse de él.
Pero podremos plantear también otra cuestión que no tiene una respuesta sencilla. La concentración del poder permitió a los bolcheviques sobrevivir en unas circunstancias en que muchos de sus adversarios desaparecieron. Al mismo tiempo, las instituciones creadas para defender la revolución modificaron progresivamente la revolución que pretendían defender.
La dificultad consiste precisamente en no resolver el problema mediante una explicación demasiado cómoda. Sería fácil afirmar que los bolcheviques construyeron una dictadura porque siempre habían sido autoritarios. Pero sería igualmente simplificador atribuir todo lo sucedido a las exigencias inevitables de la Guerra Civil. La concentración política había comenzado antes de que la guerra alcanzara toda su intensidad; la guerra la aceleró, justificó y radicalizó.
Entre voluntad ideológica y circunstancias históricas existe, por tanto, un problema que merece ser investigado.
La desaparición progresiva del pluralismo revolucionario
La disolución de la Asamblea Constituyente en enero de 1918, analizada en el capítulo anterior, constituye uno de los primeros grandes hitos de esta transformación.
No significó todavía la instauración inmediata de una dictadura de partido único. Continuaban existiendo otros partidos socialistas, sindicatos, organizaciones obreras, soviets con diferentes mayorías y numerosas corrientes revolucionarias. Los propios bolcheviques gobernaron durante algunos meses en coalición con los socialistas revolucionarios de izquierda.
Pero había comenzado un proceso de monopolización del poder.
Conviene distinguirlo de la represión física sistemática de los adversarios. Son fenómenos relacionados, pero no idénticos. La concentración institucional comienza antes: creación de la Checa en diciembre de 1917, predominio bolchevique en los órganos centrales, disolución de instituciones capaces de reclamar una legitimidad alternativa y progresiva subordinación de espacios políticos autónomos.
En esta fase aparece una ventaja decisiva de los bolcheviques sobre casi todas las demás corrientes revolucionarias: disponían de un centro político capaz de adoptar decisiones vinculantes para el conjunto de la organización y, progresivamente, para los territorios que controlaban. Alrededor de aquel centro fueron articulándose partido, Estado, administración, ejército y aparato coercitivo.
Los anarquistas podían demostrar una extraordinaria capacidad local. Organizaron sindicatos, grupos armados, publicaciones, comunidades y, más adelante, importantes fuerzas militares. Pero carecían de una organización equivalente capaz de transformar aquellas capacidades parciales en poder político acumulativo.
Los bolcheviques sí la tenían.
Estamos ante una de las diferencias estructurales que atravesará todo este capítulo.
Brest-Litovsk y la fragmentación del campo revolucionario
La firma de la paz de Brest-Litovsk con Alemania en marzo de 1918 agravó las divisiones entre quienes habían participado en la destrucción del antiguo régimen.
Lenin defendió el tratado por una razón fundamentalmente política: una revolución militarmente destruida no podría realizar ningún programa revolucionario. Había que conservar el poder aunque el precio territorial de la paz fuese enorme.
Para otros revolucionarios, aquella misma decisión podía interpretarse como una traición. Los socialistas revolucionarios de izquierda terminaron rompiendo con los bolcheviques. Muchos anarquistas consideraron igualmente que la paz significaba capitular ante el imperialismo alemán.
La antigua frontera entre revolución y contrarrevolución comenzó entonces a hacerse mucho más problemática.
Hasta ese momento todavía podía imaginarse una separación relativamente sencilla: de un lado quienes defendían la revolución; del otro quienes pretendían restaurar alguna forma del viejo orden.
Desde 1918 esa clasificación dejó de funcionar.
Socialistas revolucionarios, anarquistas, campesinos insurgentes y, posteriormente, los propios marineros de Kronstadt podían combatir al gobierno bolchevique sin pretender restaurar el zarismo ni devolver las tierras a los terratenientes.
La revolución empezaba a producir enemigos a su izquierda.
Y esto planteaba una cuestión que iría adquiriendo importancia creciente: ¿quién tenía autoridad para decidir quién seguía perteneciendo a la revolución?
Abril de 1918: cuando la incompatibilidad se vuelve policial
La noche del 11 al 12 de abril de 1918 constituye un primer episodio particularmente significativo.
La Checa realizó en Moscú una operación coordinada contra numerosos locales controlados por organizaciones anarquistas. Algunos grupos, especialmente las Guardias Negras, estaban armados y ofrecieron resistencia. Hubo muertos, heridos y centenares de detenidos.
No sería correcto presentar aquel episodio como el comienzo de una política ya plenamente diseñada para exterminar al anarquismo. El problema del orden público era real. Existían grupos armados que realizaban expropiaciones; algunos delincuentes actuaban amparándose en denominaciones anarquistas y las propias organizaciones libertarias tenían dificultades para controlar a quienes utilizaban su nombre.
Pero precisamente por eso el episodio resulta interesante.
Ante un problema de orden público protagonizado parcialmente por grupos relacionados con el anarquismo, el nuevo Estado no actuó solamente contra individuos concretos. Desplegó simultáneamente su fuerza contra una infraestructura política y militar revolucionaria que no controlaba.
Aquí aparece una pregunta cuya importancia excede ampliamente el caso anarquista:
¿Quién decide qué violencia continúa siendo revolucionaria y qué violencia pasa a ser criminal?
Durante 1917 numerosas organizaciones habían poseído armas y practicado formas de violencia revolucionaria. Después de Octubre aparece un actor que comienza a reclamar el derecho exclusivo a determinar cuál de aquellas violencias sigue siendo legítima.
El viejo Estado había perdido el monopolio de la violencia. El nuevo empezaba a reconstruirlo.
Por eso abril de 1918 no inaugura la concentración bolchevique del poder, que había comenzado antes, pero sí muestra con particular claridad una de sus consecuencias: haber participado en la revolución ya no garantizaba el derecho a actuar autónomamente frente al gobierno nacido de ella.
Pocos meses después la represión alcanzaría también a organizaciones obreras y socialistas que difícilmente podían ser reducidas al problema de bandas armadas. Mencheviques, socialistas revolucionarios y organizaciones independientes fueron perdiendo espacios políticos mientras la Guerra Civil transformaba profundamente las condiciones en que se desarrollaba cualquier conflicto.
La cronología tiene importancia. La Guerra Civil no inventó la tendencia a la concentración. Pero también sería absurdo ignorar que la transformó enormemente.
Una guerra de muchos bandos
La expresión «Guerra Civil rusa» puede inducir a imaginar un enfrentamiento sencillo entre dos campos claramente definidos: rojos contra blancos.
La realidad fue mucho más compleja.
Existieron diferentes ejércitos blancos dirigidos por generales como Denikin, Kolchak, Yudénich o Wrangel. Intervinieron potencias extranjeras. Aparecieron movimientos nacionales en numerosas regiones del antiguo Imperio. Existieron fuerzas campesinas que combatieron alternativamente contra blancos y rojos. En extensas zonas rurales actuaron los llamados «verdes». En Ucrania surgió el movimiento dirigido por Néstor Majnó.
No hubo simplemente dos Rusias.
Hubo una multiplicidad de conflictos superpuestos: revolución y contrarrevolución, ciudad y campo, centro y periferia, campesinado y Estado, nacionalismo e imperio, socialismos rivales y diferentes concepciones de la revolución.
La Guerra Civil convirtió muchas de aquellas diferencias políticas en diferencias armadas.
Y modificó además la selección de las organizaciones políticamente viables.
Bajo condiciones normales, una organización descentralizada puede poseer ventajas: autonomía, flexibilidad, iniciativa local y capacidad de adaptación. En una guerra prolongada aparecen otras exigencias: movilizar recursos, transportar alimentos y armas, desplazar grandes contingentes, establecer prioridades, imponer decisiones y conseguir que esas decisiones se cumplan incluso cuando una parte de la organización discrepa.
La centralización no garantiza la victoria.
Pero determinadas circunstancias pueden proporcionar una ventaja extraordinaria a las organizaciones capaces de practicarla.
La reconstrucción de la autoridad
Trotsky desempeñó un papel fundamental en la formación del Ejército Rojo.
El resultado fue una enorme organización centralizada, jerárquica y disciplinada. Para hacerla funcionar hubo que recurrir incluso a decenas de miles de antiguos oficiales zaristas, sometidos a vigilancia mediante comisarios políticos.
Existe aquí una de las grandes ironías del proceso revolucionario.
La Revolución de Febrero había sido posible, entre otras razones, por la descomposición de la disciplina del ejército imperial. Los soldados habían cuestionado la autoridad de los oficiales, habían constituido comités y habían participado en una enorme expansión de las iniciativas desde abajo.
Ahora la supervivencia de la revolución exigía reconstruir aquello que la propia revolución había contribuido a destruir: disciplina, obediencia, jerarquía y mando.
La Guerra Civil no creó por sí misma el centralismo bolchevique. Pero multiplicó extraordinariamente las ventajas de una organización que ya poseía una considerable capacidad centralizadora.
Ésta es una cuestión importante para nuestra Historia Natural del Anarquismo porque muestra una dificultad recurrente. Los anarquistas diagnosticaban con extraordinaria precisión los peligros derivados de la concentración del poder. Los bolcheviques comprendían mucho mejor el peligro contrario: la impotencia de un movimiento incapaz de coordinar sus fuerzas frente a enemigos organizados.
El problema histórico consistía en que ambas amenazas eran reales.
¿Por qué vencieron los bolcheviques?
La victoria bolchevique no fue inevitable.
En diversos momentos la situación militar del gobierno soviético fue extraordinariamente peligrosa. Sin embargo, los ejércitos blancos padecían debilidades importantes. Estaban geográficamente dispersos, no poseían una dirección política común y actuaban desde regiones periféricas contra un poder que controlaba zonas centrales, importantes concentraciones urbanas y buena parte de la red ferroviaria.
Pero probablemente su principal fracaso político estuvo en el campo.
Los campesinos habían realizado durante 1917 su propia revolución. Se habían apoderado de las tierras y destruido buena parte de las relaciones agrarias del antiguo régimen.
Muchos podían detestar las requisas bolcheviques sin que ello significara que quisieran el regreso de los terratenientes.
Su conducta podía ser perfectamente pragmática: combatir al blanco cuando amenazaba las tierras conquistadas y combatir al rojo cuando llegaba para llevarse el grano.
Esto explica una paradoja fundamental: los bolcheviques pudieron derrotar militarmente a los blancos sin obtener por ello el consentimiento estable de buena parte del campesinado.
La derrota de la contrarrevolución tradicional no resolvió el conflicto social. Simplemente permitió que apareciera con mayor claridad.
El comunismo de guerra
La guerra exigía alimentar al Ejército Rojo y a unas ciudades empobrecidas en medio de una economía que se desintegraba.
El gobierno respondió mediante el conjunto de medidas posteriormente conocido como comunismo de guerra: amplias nacionalizaciones, creciente centralización económica, severas restricciones al comercio privado y requisas de productos agrícolas.
La historiografía ha discutido hasta qué punto esas medidas fueron simplemente respuestas de emergencia o expresaban también aspiraciones ideológicas bolcheviques.
No necesitamos elegir entre dos explicaciones absolutamente excluyentes.
La guerra produjo circunstancias excepcionales que permitieron desarrollar mucho más rápidamente tendencias que ya existían. Necesidad e ideología pudieron reforzarse mutuamente.
Pero las consecuencias sociales fueron enormes.
Los campesinos habían interpretado la revolución como conquista de la tierra. El nuevo Estado necesitaba interpretar aquella misma tierra como fuente de alimentos para las ciudades y el ejército.
El campesino quería tierra y autonomía. El Estado necesitaba grano.
Y necesitaba obtenerlo incluso cuando carecía de suficientes productos industriales para ofrecer a cambio.
Las requisas se convirtieron así en uno de los principales puntos de contacto entre millones de campesinos y el nuevo poder. Un contacto que adoptaba frecuentemente la forma poco fraternal de hombres armados llegados desde la ciudad para determinar cuánto grano podía conservar una familia.
El campesino podía pensar que la revolución le había entregado finalmente la tierra y descubrir después que otro poder decidía cuánto debía entregar de lo producido en ella.
No sorprende que aparecieran innumerables resistencias.
La Guerra Civil empezaba a transformarse parcialmente en un conflicto entre el Estado revolucionario y sectores sociales que habían contribuido a hacer posible la propia revolución.
El proletariado que debía dirigir la historia
También las ciudades estaban cambiando.
Para comprender lo sucedido no basta considerar al proletariado ruso como una categoría exclusivamente económica. Los obreros habían construido durante 1917 una identidad política y moral muy poderosa.
Especialmente en Petrogrado, importantes sectores se concebían como la vanguardia de la revolución. No era solamente una descripción de su posición en las relaciones de producción. Era una afirmación de superioridad histórica y política.
Habían hecho huelgas, derribado autoridades, organizado soviets, comités de fábrica y Guardias Rojas. La propaganda socialista les ofrecía además un lenguaje que interpretaba aquella experiencia como expresión de una misión universal del proletariado.
Pero aquella identidad no era homogénea.
Existían divisiones por oficio, cualificación, fábrica, edad, procedencia e incluso por la valoración cultural que los propios trabajadores realizaban de su actividad. Los impresores podían considerarse trabajadores particularmente cultos y especializados; sectores jóvenes de la metalurgia podían identificarse mucho más intensamente con la idea de una clase proletaria unificada.
También existía una jerarquía simbólica dentro de las clases populares.
El obrero consciente y organizado podía considerarse superior al trabajador poco cualificado y, sobre todo, al campesino considerado atrasado.
Aparece aquí una paradoja importante: una ideología igualitaria podía generar una nueva jerarquía de prestigio revolucionario.
Esta dimensión cultural ayuda además a comprender la eficacia del lenguaje moral utilizado por los movimientos socialistas. El marxismo podía explicar teóricamente la explotación mediante categorías económicas, pero una organización política necesitaba movilizar personas concretas.
Decir que el propietario se apropia de la plusvalía puede ser analíticamente preciso.
Decir que es un parásito que vive del trabajo ajeno resulta políticamente mucho más poderoso.
La política traduce estructuras complejas a oposiciones inmediatamente comprensibles: justicia e injusticia, dignidad y humillación, trabajador y parásito, revolucionario y contrarrevolucionario, nosotros y ellos.
Estas clasificaciones no son simples adornos retóricos.
Determinan quién merece confianza, quién posee autoridad y, finalmente, quién puede ser tratado como enemigo.
El monopolio de la legitimidad revolucionaria
Durante 1917 las distintas organizaciones socialistas habían compartido buena parte de un mismo universo simbólico.
La bandera roja, los soviets, determinadas canciones, el lenguaje de la revolución y la propia idea del proletariado pertenecían a una cultura política común. Un anarquista y un bolchevique podían odiarse políticamente y seguir cantando La Internacional.
Pero el control del Estado permitió a una organización apropiarse progresivamente no sólo de instituciones sino también del significado de aquellos símbolos.
Éste es un proceso menos visible que una detención o una batalla, pero quizá igualmente importante.
En 1917, cantar La Internacional significaba aproximadamente pertenecer al campo de la revolución socialista. Con el paso del tiempo fue identificándose cada vez más con el régimen que afirmaba encarnar aquella revolución.
El fenómeno muestra que durante estos años no se produjo solamente una monopolización institucional y militar.
Se produjo también una monopolización de la legitimidad revolucionaria.
El proceso puede representarse como una secuencia: pluralidad revolucionaria; control del Estado por una organización; apropiación progresiva de símbolos comunes; identificación entre partido, Estado y revolución; transformación de la oposición al partido en oposición a la revolución.
Esto ayuda a comprender la enorme fuerza adquirida por la palabra «contrarrevolucionario».
No era necesario que todas las acusaciones fueran mentiras inventadas conscientemente. Cuando una organización termina identificándose con la revolución, quien combate contra esa organización puede aparecer sinceramente como enemigo de la revolución aunque continúe considerándose socialista, obrero o revolucionario.
La cuestión ya no es solamente quién posee las armas. También importa quién posee el poder de definición.
¿Quién decide qué violencia es revolucionaria? ¿Quién decide quién merece llamarse revolucionario?
Son dos caras del mismo proceso.
Majnó: la alternativa armada
El movimiento encabezado por Néstor Majnó representa probablemente la experiencia anarquista militarmente más importante de toda la Revolución rusa.
En el sur de Ucrania apareció un poderoso movimiento campesino armado que combatió contra ocupantes extranjeros, nacionalistas, blancos y bolcheviques, estableciendo alianzas cambiantes según las circunstancias.
Sus relaciones con el Ejército Rojo resultan particularmente reveladoras.
Cuando apareció un enemigo común particularmente peligroso, bolcheviques y majnovistas pudieron combatir conjuntamente. Cuando ese enemigo desapareció, reapareció inmediatamente la incompatibilidad política.
No se trataba simplemente de enemistades personales ni de incumplimientos circunstanciales. Existía un problema estructural.
Los majnovistas pretendían mantener fuerzas armadas y formas políticas autónomas. El Estado soviético no podía aceptar indefinidamente dentro del espacio que gobernaba la existencia de un ejército independiente con territorio y base social propios.
Aquí la cuestión planteada en Moscú en abril de 1918 reaparece a una escala mucho mayor.
En Moscú la pregunta había sido si un Estado revolucionario podía tolerar organizaciones armadas independientes dentro de la ciudad.
Con Majnó la pregunta era si podía tolerar una revolución alternativa dotada de territorio, ejército y campesinado propios.
La respuesta finalmente fue negativa.
Pero el caso de Majnó también obliga a introducir una cautela importante frente a cualquier explicación demasiado sencilla sobre la supuesta incapacidad organizativa del anarquismo.
Los majnovistas demostraron que un movimiento influido por ideas libertarias podía alcanzar una considerable eficacia militar, movilizar a decenas de miles de personas y sobrevivir durante años en circunstancias extraordinariamente difíciles.
El problema no era que los anarquistas fueran incapaces de organizarse.
Era más profundo: qué procedimientos permiten transformar una coordinación nacida de circunstancias concretas en decisiones duraderas y vinculantes sin producir precisamente una autoridad central que contradiga el proyecto antiautoritario.
La victoria modifica el problema
Entre finales de 1919 y 1920 los principales ejércitos blancos fueron derrotados.
Podría suponerse que la desaparición del peligro principal habría permitido reducir la coerción extraordinaria acumulada durante la guerra.
Ocurrió en buena medida lo contrario.
Durante aquellos años se habían construido instituciones extraordinariamente poderosas: un Ejército Rojo centralizado, una policía política, organismos económicos administrativos, una burocracia creciente y un partido cada vez más disciplinado.
La victoria eliminó a los enemigos que habían contribuido a justificar el crecimiento de esas instituciones. Pero no eliminó las instituciones.
Éste es quizá uno de los problemas políticos más generales que plantea toda revolución.
Crear un poder extraordinario durante una emergencia puede ser relativamente sencillo. Mucho más difícil es conseguir que ese poder se autolimite cuando desaparece la emergencia que justificó su creación.
Y todavía existe una dificultad adicional: rara vez existe un momento inequívoco en que todos puedan declarar terminada la excepcionalidad. Siempre queda algún peligro. Siempre puede aparecer otro enemigo. Siempre existe alguna razón para posponer la devolución del poder.
La provisionalidad puede institucionalizarse.
Una medida nacida para responder a una emergencia adquiere personal, recursos, procedimientos, intereses y mecanismos de reproducción propios. Lo que comenzó como respuesta excepcional puede terminar convirtiéndose en normalidad política.
Una sociedad exhausta
La victoria militar bolchevique coincidió con una catástrofe social.
La producción industrial se había hundido. Las ciudades habían perdido una parte enorme de su población. Muchos obreros regresaron al campo buscando alimentos. El transporte estaba desorganizado. El hambre y las epidemias habían causado millones de víctimas.
El régimen que se definía como dictadura del proletariado se encontraba ante una paradoja inquietante: el proletariado industrial en cuyo nombre gobernaba había disminuido extraordinariamente.
Mientras se reducía la población obrera urbana, crecían el Partido, la administración, el Ejército y los organismos de seguridad.
Podemos observar aquí una transformación sociológica fundamental.
El poder revolucionario empezaba a independizarse de la movilización social que originalmente lo había hecho posible.
La revolución se convertía en Estado. Pero tampoco el Partido era homogéneo.
La Oposición Obrera, relacionada especialmente con Aleksandra Kollontái y Aleksandr Shliápnikov, denunció el crecimiento de la burocracia y reclamó un papel mayor de los sindicatos en la gestión económica.
Detrás de aquella controversia administrativa reaparecía la misma pregunta que había recorrido la revolución desde 1917:
¿quién debía gobernar? ¿Los trabajadores directamente? ¿Los sindicatos? ¿Los soviets? ¿Los organismos estatales?
¿O el partido que afirmaba representar históricamente los intereses de todos ellos?
1920-1921: los vencedores contra sus antiguos aliados sociales
La derrota de los blancos no pacificó Rusia.
Las rebeliones campesinas se multiplicaron. Tambov fue una de las más importantes, pero no la única.
La secuencia posee una profunda ironía histórica. Los campesinos habían contribuido a destruir el régimen zarista. Habían realizado su propia revolución agraria. Después habían dificultado decisivamente la victoria de los blancos porque no querían devolver las tierras.
Una vez desaparecido ese peligro podían dirigir sus armas contra quienes requisaban sus cosechas.
La antigua coalición social de la revolución se estaba descomponiendo.
Y en aquel momento apareció el episodio que adquiriría mayor valor simbólico.
Kronstadt
En marzo de 1921 se rebelaron los marineros de Kronstadt. No se trataba de cualquier guarnición.
Kronstadt había sido uno de los grandes símbolos de la radicalización revolucionaria de 1917. Sus marineros habían participado intensamente en los acontecimientos que condujeron a Octubre.
Ahora reclamaban, entre otras cosas, nuevas elecciones en los soviets, mayores libertades para diferentes corrientes socialistas y anarquistas y el fin de determinadas formas de control político y económico.
La interpretación de aquella rebelión sería objeto de una larga controversia.
Trotsky sostendría posteriormente que los marineros de 1921 ya no eran los mismos de 1917 y que expresaban en buena medida las aspiraciones del campesinado.
La observación puede contener una parte importante de verdad.
Pero Víctor Serge introdujo una corrección que merece conservarse: también el poder había cambiado.
Ésta es quizás la forma más adecuada de plantear el problema.
No necesitamos convertir a los marineros de Kronstadt en héroes inmutables de la revolución ni negar que su composición social y sus preocupaciones hubieran evolucionado. Pero tampoco podemos estudiar cuidadosamente cuánto habían cambiado los marineros y tratar al Partido Bolchevique como si fuera una constante histórica.
Entre 1917 y 1921 ambos habían atravesado una experiencia extraordinaria.
Habían cambiado los marineros. Había cambiado el campesinado. Habían cambiado los obreros.
Y había cambiado profundamente el poder.
Serge atribuyó una responsabilidad importante a la forma en que las autoridades administraron inicialmente el conflicto. Según su reconstrucción, allí donde todavía era posible escuchar, negociar y persuadir aparecieron amenazas, detenciones y finalmente la caracterización pública de la sublevación como una conspiración contrarrevolucionaria relacionada con el general Kozlovski. Las propuestas de mediación de Emma Goldman y Alexander Berkman tampoco prosperaron.
No necesitamos aceptar cada detalle de esta interpretación como explicación suficiente de la rebelión.
Kronstadt poseía causas sociales mucho más profundas: hambre, agotamiento, comunismo de guerra, descontento campesino, huelgas obreras y rechazo creciente de la burocratización.
Pero Serge permite observar un mecanismo de extraordinario interés:
protesta → rechazo de la negociación → criminalización política → enemigo → solución militar.
Cada paso reduce el espacio disponible para el siguiente. Una vez definido públicamente el adversario como instrumento de la contrarrevolución, negociar con él puede empezar a parecer una concesión a la propia contrarrevolución.
De esta manera, una diferencia dentro del campo revolucionario termina convertida en un problema de seguridad del Estado.
Una revolución contra otra revolución
Aquí aparece quizá la transformación política más importante de todo el período.
Para ser clasificado como contrarrevolucionario ya no era necesario defender al zar, a los terratenientes o a los generales blancos.
Era posible haber participado en la revolución, defender los soviets, utilizar la bandera roja, considerarse socialista y, sin embargo, convertirse en enemigo de la revolución porque se rechazaba el poder que afirmaba representarla.
Kronstadt puede interpretarse así como el encuentro final entre las dos líneas que hemos seguido desde 1918.
La primera había sido institucional y coercitiva: disolución de legitimidades rivales, desarme de organizaciones independientes, subordinación de fuerzas revolucionarias autónomas y concentración del poder estatal.
La segunda había sido simbólica: pluralidad revolucionaria, apropiación de símbolos comunes, identificación entre Partido y revolución y redefinición del adversario como contrarrevolucionario.
En marzo de 1921 ambas convergen. Los marineros podían seguir hablando el lenguaje de la revolución. Pero ya no poseían autoridad para decidir qué significaba ser revolucionario. El Estado sí tenía tal autoridad.
El Ejército Rojo atacó la fortaleza y Kronstadt cayó el 18 de marzo. Después llegó la represión.
El X Congreso: retroceder económicamente, avanzar políticamente
Mientras se desarrollaba la rebelión se reunió en Moscú el X Congreso del Partido Comunista. Las decisiones adoptadas entonces ofrecen una extraordinaria síntesis del momento histórico.
Por un lado, Lenin reconoció que la política aplicada al campesinado era insostenible. Las requisas fueron sustituidas por un impuesto en especie y comenzó la Nueva Política Económica.
El Estado retrocedía económicamente.
Aceptaba espacios de mercado y admitía en la práctica que no podía continuar tratando al campesinado como lo había hecho durante la Guerra Civil.
Pero simultáneamente se produjo el movimiento contrario en el terreno político. El Congreso prohibió las fracciones organizadas dentro del propio Partido.
Por tanto, mientras se liberalizaba parcialmente la economía, se estrechaba todavía más el espacio político.
Esta combinación es esencial.
La NEP no significó una liberalización general del régimen. Fue una retirada económica destinada a conservar un poder político que no se ponía en discusión.
Aquí aparece una de las paradojas más reveladoras de Kronstadt.
El gobierno modificó algunas de las políticas que habían contribuido a producir el enorme descontento social del que la rebelión formaba parte.
Pero destruyó políticamente a quienes se habían rebelado contra él. Anarquistas, eseristas, socialistas revolucionarios de izquierda, independientes. Todos, como dijo Trotski en la Asamblea Constituyente: ¡Al basurero de la historia!
En términos esquemáticos, el mensaje podía formularse así: la política puede cambiar; el monopolio de la decisión sigue en nuestro poder.
Goldman y el problema de los medios y los fines
Emma Goldman, la anarquista estadounidense, extraería de la experiencia rusa una conclusión radical.
Ninguna revolución, pensaba, podría producir una sociedad libre mediante procedimientos que negaran durante el proceso revolucionario la libertad que se pretendía alcanzar.
La formulación posee una gran fuerza moral. Pero también plantea una dificultad política formidable.
Si una revolución aspira a construir una sociedad antiautoritaria y exige que sus medios reproduzcan desde el principio las relaciones de aquella sociedad futura, deberá combatir contra adversarios que quizá no acepten ninguna restricción semejante.
El adversario puede centralizar. Puede imponer disciplina. Puede utilizar la coerción sin vacilaciones. Puede sacrificar libertades presentes en nombre de la victoria.
Quien se niega por principio a emplear determinados medios puede conservar mejor la coherencia con sus fines, pero también reducir drásticamente su capacidad para conquistar o conservar el poder.
Aquí reaparece la gran tragedia política del anarquismo revolucionario.
Goldman señala correctamente un peligro que Rusia hizo visible: una organización que construye un enorme aparato autoritario para alcanzar una sociedad libre no dispone de ningún mecanismo automático que transforme aquel aparato en libertad una vez alcanzada la victoria.
Sin embargo su crítica conduce, inmediatamente, a otro problema: ¿cómo competir contra organizaciones que no aceptan esas limitaciones?
La experiencia rusa no resuelve la controversia. La hace más difícil.
Bakunin había advertido del peligro de entregar un enorme poder a quienes afirmaran representar al proletariado esperando que después renunciaran voluntariamente a él.
La historia bolchevique proporciona argumentos poderosos a esa advertencia.
Pero la Guerra Civil muestra también la dificultad inversa: un movimiento incapaz de imponer decisiones colectivas puede tener enormes problemas para sobrevivir frente a adversarios militarmente centralizados.
Por eso la cuestión central quizá no consista en elegir entre poder y ausencia de poder.
Puede consistir en algo mucho más complejo: cómo construir un poder suficientemente fuerte para actuar y suficientemente limitado para impedir que su propia conservación se convierta en su objetivo principal.
Más nuestro recorrido por la experiencia rusa permite ahora añadir una tercera condición: ese poder debe ser también suficientemente abierto para descubrir cuándo está equivocado.
El problema que ambos dejaron sin resolver
Aquí conviene abandonar por un momento la narración y preguntarnos qué enseñanza puede extraerse realmente de estos acontecimientos.
No podemos elaborar retrospectivamente un manual que hubiera permitido a los anarquistas ganar la Revolución rusa.
Probablemente no puede concebirse tal manual.
La correlación de fuerzas, la Guerra Civil, el hambre, la intervención extranjera, la fragmentación del anarquismo y la construcción de un poder estatal enormemente superior quizá hacían imposible su supervivencia; independientemente de la inteligencia de sus decisiones.
Tampoco podemos convertir la historia rusa en una demostración filosófica de que determinado modelo político es universalmente correcto.
Pero sí podemos preguntarnos si bolcheviques y anarquistas padecieron formas diferentes de una misma insuficiencia organizativa.
Recordemos que los bolcheviques resolvieron extraordinariamente bien el problema de la decisión.
Estos podían adoptar una estrategia, movilizar recursos, construir un ejército, alterar rápidamente sus políticas negando hoy lo que afirmaban ayer, e imponer decisiones nuevas al conjunto.
Pero precisamente esa capacidad fue acompañada por la progresiva eliminación de los lugares desde los cuales podía discutirse la interpretación de quienes decidían.
Primero desaparecieron o fueron subordinados competidores externos. Después se estrechó el espacio de los soviets y de las organizaciones sociales autónomas. Finalmente, en el propio Partido Comunista quedaron prohibidas las fracciones organizadas. Paso a paso el camino se fue estrechando.
La organización conservó una enorme capacidad para actuar. Pero fue reduciendo su capacidad para recibir información política que contradijera la interpretación de la dirección.
Los anarquistas padecieron el problema inverso.
Conservaron mucho mejor la diversidad, la autonomía y la pluralidad de iniciativas. Pero tuvieron enormes dificultades para transformar esa pluralidad en capacidad estratégica común y decisiones vinculantes.
Podían ver peligros que el bolchevismo ignoraba. Por el contrario tenían muchas más dificultades para convertir esa percepción en una política capaz de imponerse a los acontecimientos.
Uno veía extraordinariamente bien los peligros del poder. El otro veía extraordinariamente bien los peligros de la impotencia.
Pero ninguno consiguió integrar adecuadamente ambas advertencias.
La disidencia como instrumento de conocimiento
Podemos entonces introducir una consideración que va algo más allá del problema específicamente ruso.
Toda organización actúa con información incompleta.
Ninguna dirección, comité, asamblea, partido, sindicato o consejo revolucionario puede conocer anticipadamente todas las consecuencias de las decisiones que adopta.
Eso significa que el desacuerdo posee una función que no es solamente moral.
Las minorías disidentes no necesitan tener razón para resultar útiles. Pueden estar completamente equivocadas. Pero también pueden estar viendo algo que la mayoría, la dirección o la organización entera no ve.
Su existencia introduce información que de otro modo podría desaparecer.
Utilicemos una metáfora muy sencilla:
Un automóvil necesita mirar hacia adelante para avanzar. El conductor no podría conducir observando permanentemente los espejos retrovisores.
Pero precisamente porque mira hacia adelante necesita también esos espejos. Ellos no indican el camino que debe seguir: revelan puntos ciegos.
Algo semejante puede ocurrir con las minorías dentro de una organización política.
Una dirección necesita dirigir. En determinadas circunstancias necesita incluso adoptar decisiones rápidas que no pueden someterse a una deliberación interminable.
Pero precisamente por ello necesita conservar espacios de libertad desde los cuales esas decisiones puedan ser contradichas.
La cuestión deja entonces de ser simplemente centralización contra descentralización.
Una organización descentralizada puede equivocarse gravemente.
Una organización centralizada puede adoptar decisiones correctas con extraordinaria rapidez.
El peligro aparece cuando la capacidad de decidir y la capacidad de determinar si la decisión fue acertada quedan concentradas en las mismas manos.
Si quien decide controla también qué información circula, qué críticas pueden expresarse, qué alternativas pueden organizarse y quién evalúa los resultados, la organización empieza a cerrarse sobre sí misma.
Puede conservar una enorme capacidad de acción. Pero pierde progresivamente capacidad de aprendizaje.
Y cuanto más poder posee, mayor puede ser el coste de sus errores.
Aquí nuestra investigación vuelve a encontrarse con un problema del poder que ya habíamos formulado siguiendo a Lukes: poder no significa únicamente conseguir que otros hagan algo. También significa determinar qué cuestiones pueden discutirse, qué alternativas pueden aparecer y qué interpretación de la realidad resulta legítima.
La prohibición de las fracciones en el X Congreso adquiere así una dimensión adicional.
No solamente redujo la democracia interna.
Redujo uno de los mecanismos mediante los cuales la organización podía conocer aquello que su propia dirección no percibía.
Organizar también la posibilidad de estar equivocado
La experiencia rusa permite entonces extraer una enseñanza más modesta que un programa revolucionario, pero quizá bastante más útil.
Ninguna organización puede garantizar que no se equivocará.
Lo que sí puede intentar es no destruir los mecanismos que le permiten descubrir que se está equivocando.
Para una organización revolucionaria esto resulta particularmente difícil.
Debe poseer capacidad de decisión. Una organización que necesita resolver cada problema mediante un acuerdo unánime puede quedar paralizada precisamente cuando la rapidez resulta indispensable.
Puede necesitar delegar temporalmente poderes extraordinarios.
Puede necesitar disciplina.
Puede necesitar incluso recurrir a formas de coerción para sobrevivir.
Pero cuanto mayores sean las atribuciones concedidas a quienes deciden, más necesarios resultan mecanismos independientes que permitan discutir, revisar y eventualmente revocar aquellas decisiones.
La disidencia no debería depender de la tolerancia personal del dirigente.
¡Debería estar protegida por la propia estructura de la organización!
La minoría debe poder organizarse, formular alternativas y conservar algún acceso a la información y a quienes finalmente soportan las consecuencias de las decisiones.
Quien ejecuta una política no debería poseer simultáneamente el monopolio de determinar si esa política ha tenido éxito.
Y toda delegación extraordinaria de poder contiene un problema que debe resolverse antes de que aparezca la emergencia: quién puede retirarla, mediante qué procedimiento y bajo qué condiciones.
No estamos describiendo una organización ideal. Ni una existente a nivel de partido político.
Estamos señalando una vulnerabilidad.
Una organización que elimina sistemáticamente a quienes le dicen que está equivocada termina perdiendo la capacidad de saber que está equivocada.
Y cuando el error puede traducirse en detenciones, hambre, guerras, fusilamientos o decisiones que afectan a millones de personas, esa incapacidad deja de ser un simple defecto intelectual.
Se convierte en un problema político de primer orden.
Dos organizaciones para dos momentos diferentes
Pero existe todavía una dificultad más profunda.
La organización más eficaz para conquistar el poder puede no ser la más adecuada para administrarlo después.
Durante una confrontación revolucionaria resultan extraordinariamente valiosas la disciplina, la rapidez, el secreto, la unidad de mando y la capacidad de concentrar recursos.
Una vez conquistado el poder, esas mismas cualidades pueden convertirse en obstáculos para una sociedad que necesita pluralidad, información abierta, negociación, control de los gobernantes y capacidad de rectificación.
La organización que vence puede transportar al nuevo orden las características que hicieron posible su victoria.
Y quizá allí dejen de ser virtudes.
Esto introduce una paradoja que no podemos resolver simplemente mediante una fórmula institucional.
Puede que sea imposible diseñar anticipadamente una organización igualmente óptima para dos situaciones radicalmente diferentes: conquistar el poder y vivir después de haberlo conquistado.
Pero reconocer la dificultad ya supone avanzar.
Obliga a abandonar la creencia en que la organización victoriosa contiene necesariamente en sí misma la forma de la sociedad futura.
No existe ninguna razón para que sea así.
Las organizaciones son seleccionadas por las circunstancias en las que actúan.
La Guerra Civil seleccionó determinadas cualidades bolcheviques porque resultaban extraordinariamente útiles para sobrevivir a una Guerra Civil.
Que esas mismas cualidades fueran adecuadas para construir posteriormente una sociedad libre era una pregunta completamente distinta.
Confundir ambas cuestiones pudo ser uno de los grandes errores del proceso revolucionario.
El final de una etapa
Kronstadt y el X Congreso constituyen, por todo ello, un lugar adecuado para cerrar la etapa iniciada en febrero de 1917.
No porque después de marzo de 1921 dejara de cambiar Rusia. Al contrario: las transformaciones posteriores serían gigantescas.
Pero había desaparecido una característica fundamental del período revolucionario anterior: la indeterminación política.
En febrero de 1917 coexistían y competían gobiernos, soviets, partidos, sindicatos, comités de fábrica, organizaciones campesinas, soldados, marineros, nacionalidades y movimientos revolucionarios. Nadie sabía todavía qué instituciones sobrevivirían.
En marzo de 1921 esa cuestión estaba en gran medida resuelta.
Los principales ejércitos blancos habían sido derrotados.
Los mencheviques y socialistas revolucionarios habían dejado de constituir alternativas políticas efectivas.
Las organizaciones anarquistas habían sufrido clausuras, detenciones y represión.
El movimiento majnovista estaba siendo destruido.
Las grandes rebeliones campesinas eran aplastadas.
Kronstadt había caído.
Y dentro del propio Partido Comunista quedaba restringida la organización de tendencias.
Había sobrevivido el Estado surgido de Octubre. La pregunta es ¿qué había sobrevivido de la revolución?
El bolchevismo consiguió aumentar su poder. Cada institución conquistada fortalecía a las demás: el Partido controlaba progresivamente el Estado; el Estado construía un Ejército; el Ejército defendía al Estado; la administración movilizaba recursos; la policía política combatía a quienes eran considerados peligrosos; la victoria militar reforzaba la autoridad política.
Se creó un mecanismo de poder acumulativo.
Las organizaciones anarquistas podían obtener éxitos extraordinarios y, sin embargo, encontrar enormes dificultades para conservarlos sin crear precisamente aquellas estructuras de autoridad que su doctrina rechazaba.
Éste fue uno de sus dilemas fundamentales.
Así como la experiencia bolchevique muestra el dilema contrario.
Una organización extraordinariamente eficaz para conquistar y conservar el poder puede terminar construyendo instituciones cuya lógica de supervivencia la aleje cada vez más de los fines que justificaron originalmente su existencia.
Los anarquistas comprendieron muy bien los peligros del poder. Comprendieron mucho peor los peligros de la impotencia.
Los bolcheviques comprendieron extraordinariamente bien los peligros de la impotencia. Comprendieron mucho peor —o aceptaron con demasiada facilidad— los peligros del poder.
Después de Rusia podemos añadir algo más.
Unos y otros comprendieron insuficientemente el peligro de una organización que pierde la capacidad de descubrir sus propios errores.
Una organización revolucionaria no puede garantizar que adoptará siempre la decisión correcta. Quizá ni siquiera pueda garantizar que la organización necesaria para conquistar el poder sea adecuada para ejercerlo después.
Pero sí puede conservar una sospecha fundamental hacia su propia certeza.
Puede recordar que ninguna mayoría posee toda la información, que ninguna dirección ve todos los efectos de sus decisiones y que ninguna victoria convierte automáticamente al vencedor en intérprete infalible de la sociedad que pretende transformar.
La minoría discrepante puede estar equivocada. Pero silenciarla elimina también la posibilidad de que tenga razón.
Kronstadt nos deja entonces ante una pregunta algo distinta de aquella con la que comenzamos este capítulo.
Ya no se trata solamente de cuánto poder necesita una revolución.
Se trata de cómo impedir que el poder necesario para actuar destruya los mecanismos que permiten corregir la acción.
Los revolucionarios rusos no encontraron una respuesta satisfactoria.
Quizá nunca exista una respuesta definitiva.
Pero desde 1921 nadie que pretendiera realizar otra revolución podía alegar que el problema no había sido planteado.
Y unos años después, en otro extremo de Europa, un movimiento anarquista incomparablemente más numeroso, más organizado y más profundamente arraigado entre los trabajadores tendría que enfrentarse nuevamente con él.
En España los anarquistas no serían una pequeña corriente revolucionaria situada junto a organizaciones mucho más poderosas.
Constituirían uno de los mayores movimientos de masas del país.
Tendrían sindicatos, prensa, organizaciones, cuadros, milicias y una enorme capacidad de movilización. En determinadas regiones llegarían a controlar fábricas, campos, servicios públicos y fuerzas armadas.
Y cuando en 1936 el Estado comienza a fraccionarse empezando por sus fuerzas armadas, dejarían de poder limitarse a preguntar cómo combatir al poder.
Tendrían que preguntarse qué hacer con el poder que ellos mismos poseían.
La experiencia rusa ya estaba allí.
La cuestión con la que comenzaremos el próximo capítulo será, por tanto, inevitable:
¿qué habían aprendido de ella los anarquistas españoles?
Carolus Brigantinus Barbatus
Septiembre 2026
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